Más del 80% de los trabajadores asalariados en Argentina enfrenta algún tipo de privación alimentaria durante su jornada laboral, según un informe reciente del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). El estudio, realizado en colaboración con la empresa Edenred, se basó en una encuesta nacional a 1.171 asalariados formales y revela un panorama crítico: solo el 16,5% de la fuerza laboral está libre de restricciones alimentarias.

El informe detalla que el 61,1% de los asalariados se saltea comidas por motivos económicos, mientras que el 78,5% opta por alimentos de menor calidad nutricional. Más de la mitad, el 56,2%, enfrenta ambas privaciones de manera combinada. El fenómeno afecta con mayor intensidad a los jóvenes de entre 18 y 29 años (70,7%), a las mujeres (60,1%) y a los trabajadores de menores ingresos (68,8%). Las regiones del norte argentino, como el NEA y el NOA, y el sector público presentan los índices más altos de inseguridad alimentaria laboral.

La encuesta también revela que el 22,6% de los asalariados directamente no come durante su jornada laboral, cifra que se eleva al 50,1% en el NEA. Solo el 44,4% de los trabajadores recibe algún tipo de aporte alimentario de su empleador, y este beneficio es más común en empresas grandes y en el sector privado. El gasto diario en comida varía considerablemente: el 36,1% gasta menos de $5.000, el 43,9% entre $5.000 y $10.000, y solo el 20% destina más de $10.000 diarios.

La falta de infraestructura adecuada, como comedores o equipamiento básico, agrava la situación. El informe destaca que la reciente reforma laboral permite ampliar los beneficios de comedor a comercios cercanos, lo que podría mejorar el acceso a una alimentación adecuada en el trabajo. Sin embargo, especialistas advierten que la inseguridad alimentaria laboral tiene consecuencias negativas para la salud y la productividad, y proponen la implementación de una asignación alimentaria específica para los trabajadores.

“La comida en el trabajo no debería ser un beneficio discrecional, sino una inversión estratégica en salud, equidad y productividad”, concluye el informe de la UCA. El debate sobre el rol del empleador en la alimentación laboral continúa abierto, en un contexto de creciente vulnerabilidad social y económica.