A 23 años de la desaparición de la familia Gill en Entre Ríos, la causa sigue sin respuestas concretas y se mantiene como uno de los misterios policiales más profundos de Argentina. Rubén José Gill, su esposa Norma Margarita Gallego y sus cuatro hijos fueron vistos por última vez el 13 de enero de 2002 en un velorio en la localidad de Viale. Desde entonces, no se ha encontrado rastro alguno de ellos.

En un intento por reactivar la investigación, la querella encabezada por el abogado Marcos Rodríguez Allende solicitó a la NASA imágenes satelitales de 2002, con la esperanza de detectar movimientos de tierra en las 600 hectáreas del campo donde la familia residía y trabajaba. “Tenemos el compromiso de poder hacer algo y dar una respuesta a una madre que espera saber qué pasó con su hija, su yerno y sus cuatro nietos”, expresó Allende en diálogo con medios locales.

La investigación inicial estuvo marcada por demoras y negligencias. La policía allanó el campo ocho meses después de la desaparición y, según denuncias, el procedimiento terminó en un asado entre el dueño del campo y el juez. A pesar de rastreos en hospitales, escuelas y estaciones de servicio, y la utilización de tecnología satelital y colaboración del FBI, no se obtuvieron resultados.

El único sospechoso, Alfonso Goethe, propietario de la estancia “La Candelaria”, denunció la desaparición tres meses después de los hechos, alegando que la familia estaba de vacaciones. Goethe nunca fue imputado y falleció en 2016 en un accidente automovilístico, cerrando así una de las principales líneas de investigación.

El expediente sigue caratulado como “averiguación de paradero”, algo que la querella considera insuficiente. “Si en 2002 se hubiera investigado como desaparición forzada u homicidio, otra hubiera sido la historia”, afirmó Allende. El trámite para obtener imágenes de la NASA requiere gestiones a través de Cancillería y el Ministerio de Justicia, ya que no basta con la solicitud de un juez local.

El Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene vigente una recompensa de 12 millones de pesos para quien aporte información certera sobre el paradero de la familia. Mientras tanto, la sociedad entrerriana y argentina sigue reclamando respuestas y justicia en un caso que, tras más de dos décadas, continúa sin resolverse.