La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a posicionarse en el centro del debate político argentino tras acusar al gobierno de Javier Milei de ejercer "terrorismo de Estado de baja intensidad" y de conducir al país hacia una "deriva autoritaria". En una publicación en redes sociales, Cristina denunció restricciones a las libertades civiles, represión a la protesta y una caída significativa en la libertad de prensa, citando el descenso de Argentina en el ranking de Reporteros Sin Fronteras. Además, criticó la situación económica, señalando la fuga de capitales y la falta de inversiones, y advirtió sobre el impacto de las reformas previsional, laboral y fiscal que el gobierno planea implementar tras las elecciones de octubre.

La respuesta oficial no tardó en llegar. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desestimó las críticas de la exmandataria, ironizando sobre la información que recibe durante su prisión domiciliaria y defendiendo la gestión económica actual. "Ha habido una mejora sustancial en la economía", afirmó Francos, quien también destacó el crecimiento del consumo y la importancia del equilibrio fiscal. Por su parte, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, acusó al kirchnerismo de haber dejado altos niveles de inflación y pobreza, y defendió el superávit fiscal y la reducción de deuda logrados bajo la administración Milei. Quirno también rechazó las acusaciones de un nuevo modelo de endeudamiento y subrayó la llegada de inversiones privadas a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El cruce de declaraciones se produce en un contexto de crisis cambiaria y social, con denuncias de represión y cuestionamientos a la calidad democrática. Cristina Fernández, quien cumple prisión domiciliaria por la Causa Vialidad, mantiene una fuerte presencia política y recibió recientemente la visita del presidente brasileño Lula Da Silva, a quien calificó como un símbolo de resistencia ante la persecución judicial. El gobierno, por su parte, sostiene que los problemas actuales son consecuencia de gestiones anteriores y defiende la necesidad de reformas estructurales para estabilizar la economía.

El debate refleja la profunda polarización política en Argentina y la preocupación por el rumbo institucional y económico del país. Mientras la oposición advierte sobre riesgos para la democracia y el bienestar social, el oficialismo insiste en la necesidad de mantener el rumbo de ajuste y reformas para garantizar la recuperación económica.