El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, anunció el adelanto de $400.000 millones en fondos de coparticipación a 12 provincias argentinas, en un intento por contener la crisis financiera que atraviesan los distritos y asegurar respaldo legislativo para sus reformas estructurales. La medida, que será oficializada por decreto, responde a la preocupación por posibles conflictos sociales en territorios con dificultades para afrontar el pago de salarios estatales, como La Rioja y Tierra del Fuego.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que los fondos, que tendrán un interés cercano al 15%, buscan evitar que más provincias recurran a la emisión de cuasimonedas, una alternativa que ya fracasó en La Rioja. "Es difícil explicar al mercado que la macro funciona perfecta mientras las provincias explotan", señaló Caputo, reflejando la tensión entre la estabilidad nacional y las urgencias locales.

El reparto de fondos excluye a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las provincias más grandes del país, lo que generó críticas desde la oposición por la selectividad de la medida. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la coparticipación real cayó un 4,3% interanual, profundizando la crisis en los gobiernos provinciales.

En paralelo, el oficialismo enfrenta escándalos judiciales que afectan su imagen, como el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. A pesar de las controversias, Milei y su entorno sostienen a Adorni en el cargo, mientras buscan reinstalar la agenda parlamentaria y avanzar con las reformas.

La decisión de adelantar fondos también incluye a provincias políticamente enfrentadas con el gobierno, lo que algunos analistas interpretan como un gesto institucional necesario ante la gravedad de la situación. Sin embargo, la medida es vista por otros como una estrategia para asegurar votos en el Congreso y evitar bloqueos a la agenda oficialista.

El escenario económico sigue siendo incierto, con inflación persistente, caída de la recaudación y un riesgo país elevado que dificulta el acceso al financiamiento. En este contexto, la relación entre Nación y provincias se vuelve clave para la gobernabilidad y la estabilidad política en los próximos meses.