La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa una de las crisis más graves de su historia tras el pedido de detención de su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó la detención e indagatoria de ambos dirigentes, acusados de integrar una asociación ilícita y de realizar maniobras de lavado de dinero a través de una compleja red de empresas y operaciones financieras.

Según la investigación, empresas vinculadas a Toviggino habrían experimentado un crecimiento patrimonial exponencial, con movimientos bancarios multimillonarios, adquisición de más de 35 inmuebles y 145 vehículos, y la emisión de facturas apócrifas tanto en pesos como en dólares. El dictamen fiscal, de más de 180 páginas, se apoya en informes de organismos oficiales y bancos, y detalla operaciones sospechosas que se habrían realizado entre 2018 y 2026.

El caso se complica por un conflicto de competencia entre juzgados de diferentes jurisdicciones, lo que llevó a que la Corte Suprema deba decidir quién continuará con la causa. Además, el juez Sebastián Argibay, encargado de resolver el pedido de detención, enfrenta una recusación por presuntos vínculos familiares con los investigados, lo que podría retrasar la definición del caso.

La investigación también involucra a otros directivos y exdirectivos de la AFA, así como a empresarios relacionados con el presunto desvío de fondos hacia empresas fantasma en Miami. Tapia y Toviggino, por su parte, han apelado procesamientos en causas paralelas por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

El escándalo ha generado una fuerte conmoción en el fútbol argentino y podría derivar en una intervención judicial de la AFA, con posibles cambios en su conducción. Mientras tanto, la opinión pública y el ambiente deportivo permanecen atentos a la resolución judicial, que podría marcar un punto de inflexión en la transparencia y el futuro de la dirigencia del fútbol nacional.