Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, permanece internado en terapia intensiva tras sufrir una arritmia cardíaca el pasado 1 de abril mientras cumplía condena en el penal de Ezeiza. Según fuentes médicas y judiciales, De Vido, de 76 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal de Ezeiza, donde se le practicó un procedimiento cardíaco que logró estabilizar su condición. Actualmente, el exfuncionario recibe monitoreo constante y tratamiento con anticoagulantes, y se prevén nuevos estudios para la próxima semana.

De Vido padece diabetes insulino dependiente, hipertensión y cardiopatía crónica, condiciones que su defensa y sectores políticos consideran incompatibles con la permanencia en prisión. En su última declaración ante la Justicia, De Vido expresó: “Estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa”, reiterando su pedido de prisión domiciliaria por razones de salud y edad. Sin embargo, tanto el juez Ricardo Basílico como la Cámara Federal de Casación Penal han rechazado hasta ahora su solicitud, argumentando que el penal cuenta con los recursos necesarios para su atención médica.

El episodio generó fuertes reacciones en el ámbito político. Dirigentes del peronismo, como el senador Oscar Parrilli y el ministro Andrés Larroque, denunciaron una supuesta “persecución política” y cuestionaron la falta de acceso a la medicación adecuada. Parrilli calificó la situación como “sicariato judicial” y responsabilizó a la Justicia por cualquier deterioro en la salud del exministro. Por su parte, la defensa de De Vido sostiene que el Servicio Penitenciario no le provee los medicamentos ni la dieta necesarios para su tratamiento.

De Vido fue condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta en la causa Tragedia de Once y está detenido desde noviembre de 2025. El caso reaviva el debate sobre el trato a detenidos de edad avanzada y con enfermedades crónicas, en un contexto de alta polarización política y cuestionamientos al accionar judicial. El desenlace de la situación podría tener implicancias en futuras decisiones sobre prisiones domiciliarias para exfuncionarios condenados.