A 50 años del atentado al comedor de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal Argentina, familiares de las víctimas, sobrevivientes y organizaciones civiles realizaron un acto conmemorativo en el lugar del hecho, en la Ciudad de Buenos Aires. El ataque, perpetrado por la organización Montoneros el 2 de julio de 1976, dejó un saldo de 23 muertos y más de 100 heridos, convirtiéndose en uno de los atentados más graves de la historia argentina.

Durante la ceremonia, los presentes reclamaron la reapertura de la causa judicial y la condena de los principales responsables, entre ellos Mario Firmenich y Horacio Verbitsky, señalados como autores intelectuales y materiales del atentado. También exigieron que se retire el nombre de Rodolfo Walsh de la estación de subte de la línea E y del Parque de la Memoria, argumentando que no corresponde homenajear a quienes consideran responsables de crímenes de lesa humanidad.

Emilio Hardoy, representante de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, criticó duramente a la Justicia por la falta de avances en la investigación y denunció una "asimetría" en el tratamiento de los crímenes cometidos durante la década del setenta. "Cincuenta años tuvieron los jueces para juzgar y condenar a los culpables, muchos de los cuales todavía viven", afirmó. Por su parte, Victoria Matienzo y Gabriel Cepeda, familiares de víctimas, relataron el dolor y la ausencia que dejó el atentado en sus vidas y reclamaron mayor reconocimiento y memoria para las víctimas.

En 2024, la Cámara Federal de Apelaciones revocó la prescripción de la causa y ordenó citar a indagatoria a los principales imputados, pero hasta el momento no se han producido avances significativos. Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires han presentado proyectos para modificar los nombres de espacios públicos vinculados a los acusados, aunque sin éxito hasta la fecha.

El acto concluyó con la lectura de los nombres de las víctimas y un llamado a la sociedad y al Estado para que se reconozca el sufrimiento de los afectados y se garantice justicia. El caso sigue siendo un tema sensible en la memoria colectiva argentina, enmarcado en el debate sobre cómo abordar los crímenes y las víctimas de la violencia política de los años setenta.