Federico "Fred" Machado, empresario argentino y financista de campañas políticas, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Actualmente, Machado cumple prisión domiciliaria en una lujosa finca en las afueras de Viedma, Río Negro, mientras la Corte Suprema argentina debe decidir si autoriza su traslado a la justicia estadounidense, decisión que también requiere la firma del presidente Javier Milei.

Machado fue detenido en abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén tras una alerta roja de Interpol. Desde entonces, reside bajo vigilancia electrónica, custodiado por su madre y su hermana, en una propiedad que ha despertado temor y recelo en la comunidad local. La justicia de Texas lo acusa de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, lavado de dinero y fraude, mientras que en Florida enfrenta cargos por un esquema Ponzi que perjudicó a 22 víctimas, con una condena de USD 179 millones.

El caso ha cobrado notoriedad por los vínculos de Machado con la política argentina, especialmente con el diputado José Luis Espert, quien recibió vuelos privados y transferencias de dinero no declaradas durante su campaña electoral. Espert reconoció haber recibido USD 200.000 de Machado, argumentando que fue un pago por asesoría a una empresa minera, aunque no presentó documentación que respalde esa versión. Las investigaciones judiciales en Argentina buscan determinar si estos fondos provinieron de actividades ilícitas.

El proceso de extradición ha estado marcado por demoras y presiones políticas. Se han denunciado intentos de lobby ante la Corte Suprema y vínculos de Machado con funcionarios y empresarios locales, lo que ha generado sospechas sobre la influencia del crimen organizado en la política y la justicia. La decisión final sobre la extradición recae en la Corte Suprema y el presidente Milei, en un contexto de creciente presión pública y mediática.

El caso Machado pone en evidencia la compleja relación entre el financiamiento político, el crimen organizado y la justicia en Argentina, y su resolución podría tener consecuencias significativas para el escenario político nacional.