El Gobierno nacional argentino ha iniciado el proceso de licitación para concesionar 329 kilómetros de la Ruta 7 en Mendoza, desde el límite con San Luis hasta el Paso Internacional Cristo Redentor. Esta iniciativa, enmarcada en el plan de privatización de rutas nacionales impulsado por el presidente Javier Milei, busca transferir la administración, mantenimiento y ejecución de obras viales a empresas privadas, con el objetivo de mejorar la seguridad, la calidad de los corredores y promover el desarrollo productivo regional.

Según el pliego de la licitación, la empresa que resulte adjudicada deberá realizar obras iniciales de puesta en valor, que incluyen bacheo, señalización, reconstrucción de pavimentos, mantenimiento de iluminación y semaforización, así como la reconstrucción de la intersección rotacional en Uspallata y el puente sobre el Arroyo Uspallata. Además, se prevé la incorporación de dos nuevos peajes y la exigencia de una inversión de hasta 30 mil millones de pesos, actualizable al momento de la ejecución de las obras.

El concesionario podrá solicitar el uso en comodato de bienes de Vialidad Nacional, como cabinas y oficinas de peaje, subcampamentos y centros de atención al usuario, y deberá hacerse cargo de los gastos de mantenimiento y servicios asociados. El Operativo Invernal, fundamental para garantizar la circulación en Alta Montaña, permanecerá bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Vialidad, mientras que las tareas rutinarias de conservación quedarán a cargo de la empresa concesionaria.

Desde el oficialismo, se sostiene que este nuevo esquema permitirá optimizar los estándares de operación y mantenimiento, promover la inversión privada y generar beneficios concretos para los usuarios y las economías regionales. Sin embargo, el proceso ha generado debates entre los actores locales y usuarios, quienes esperan mejoras en la seguridad y transitabilidad, pero expresan preocupación por el posible aumento de tarifas de peaje y la calidad del servicio.

La licitación de la Ruta 7 se inscribe en un contexto de reducción de la inversión estatal en obra pública y paralización de proyectos viales previos, lo que ha motivado la búsqueda de nuevos esquemas de financiamiento y gestión. La Ruta 7, por su importancia estratégica para el tránsito internacional y la economía regional, se convierte en un eje central de este proceso de transformación vial en Argentina.