El diputado nacional José Luis Espert fue imputado por presunto lavado de dinero, tras recibir una transferencia de USD 200.000 de parte de Federico "Fred" Machado, empresario recientemente extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de activos. La investigación, impulsada por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, se originó a partir de una denuncia presentada por Juan Grabois, quien señaló la posible procedencia ilícita de los fondos.

El contrato de asesoría entre Espert y Machado, firmado en junio de 2019, estipulaba pagos por hasta un millón de dólares, aunque sólo se comprobó la transferencia inicial. Espert admitió haber recibido el dinero, alegando que fue por servicios profesionales para la empresa Minas del Pueblo, de Guatemala, pero reconoció que no devolvió el monto tras no completar el trabajo, atribuyendo la interrupción a la pandemia. Sin embargo, la Justicia investiga si el pago encubría aportes de campaña no declarados y si los fondos provenían de actividades criminales.

La causa se desarrolla bajo secreto de sumario, mientras se analizan movimientos bancarios, contratos y declaraciones patrimoniales. En paralelo, la Cámara de Diputados debate la posible expulsión de Espert por "inhabilidad moral", tras su renuncia a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a su candidatura para renovar la banca. El oficialismo y la oposición muestran posturas divididas, y se prevé que el caso permanezca en agenda durante las próximas semanas.

Machado, en entrevistas públicas, admitió haber financiado la campaña de Espert con vuelos privados, vehículos y otros gastos, ninguno de los cuales fue declarado oficialmente. El caso expone vacíos legales en la fiscalización del financiamiento electoral y ha motivado llamados a reformar la ley vigente. La Corte Suprema habilitó la extradición de Machado a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico y lavado de dinero, mientras la Justicia argentina avanza en la investigación sobre los vínculos locales.

El expediente podría unificarse con otras causas abiertas en Comodoro Py, donde se investigan aportes encubiertos y gastos no declarados en la campaña de 2019. El desenlace judicial y político del caso Espert podría tener implicancias en la regulación del financiamiento electoral y en la transparencia de los partidos políticos en Argentina.