La provincia de Mendoza aprobó la minería metalífera tras catorce años de prohibición, marcando un punto de inflexión en su matriz productiva. La Legislatura provincial sancionó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto San Jorge, que prevé una inversión inicial de entre 559 y 600 millones de dólares y la producción de 40.000 toneladas anuales de cobre fino a partir de 2028. El emprendimiento, impulsado por la suiza Zonda Metals GmBH y la argentina Alberdi Energy, generará miles de empleos directos e indirectos durante su construcción y operación.

La aprobación legislativa se dio en un contexto de intensas protestas de sectores ambientalistas y agrícolas, que se manifestaron frente a la Legislatura provincial. El gobernador Alfredo Cornejo defendió la medida, asegurando que “damos garantía de la institucionalidad, pasan los gobiernos pero va a haber mucho control y desde ya un gran cuidado con que la actividad se haga bien”. Cornejo subrayó la importancia de la seguridad jurídica para atraer inversiones y proyectó que Mendoza podría contar con la primera producción de cobre argentina en 2027.

La vicegobernadora Hebe Casado destacó que la DIA y el proyecto San Jorge son el resultado de una revisión exhaustiva por parte de ministerios, universidades y organismos técnicos provinciales. Según Casado, “en la audiencia pública participaron más de 9.000 personas y el 67% se manifestó de modo favorable a la minería”. Además, remarcó que la diversificación productiva es clave ante el declive de la extracción petrolera en la provincia.

El Senado también aprobó la creación del Distrito Minero Occidental II, que abarca 27 propuestas mineras, la instauración de un Fondo de Compensación Ambiental y la regulación del Régimen de Regalías Mineras. El proceso incluyó la actualización del marco normativo y una estrategia de comunicación para lograr la licencia social.

A nivel nacional, el Congreso debate la adecuación de la Ley de Glaciares, lo que podría facilitar nuevas inversiones mineras en el país. Mientras tanto, la sociedad mendocina sigue dividida: el oficialismo sostiene que la oposición a la minería representa una minoría, mientras que los sectores críticos advierten sobre los riesgos ambientales y la protección del agua. El futuro de la minería en Mendoza dependerá de la implementación efectiva de los controles y del cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos.