El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de la polémica tras las acusaciones del diputado Rodolfo Tailhade, quien denunció en la Cámara de Diputados el presunto uso indebido de custodia oficial para la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, así como gastos familiares que superarían ampliamente los ingresos declarados del funcionario. Según Tailhade, la custodia oficial, compuesta por hasta seis policías federales y autos oficiales, habría sido utilizada para actividades personales de Angeletti, como visitas a la manicura, bares de moda en Palermo y traslados familiares.

El legislador de Unión por la Patria detalló una serie de viajes realizados por la familia Adorni, tanto al exterior como dentro del país, con pagos en efectivo y estadías en hoteles de lujo, incluyendo destinos como Aruba, Bariloche, Río de Janeiro, Chapelco, Madrid e Iguazú. "Son 35 días de vacaciones vip en seis meses, solo en 2024", afirmó Tailhade, quien también cuestionó la legalidad de la asignación de custodia oficial a la esposa del jefe de Gabinete.

En respuesta, fuentes oficiales informaron que el Gobierno evalúa denunciar a Tailhade por comprometer la seguridad de la familia Adorni al exponer detalles de su rutina diaria. Adorni, por su parte, acusó a la oposición de haberlo "espiado" y de utilizar información de "dudosa procedencia" para atacar su figura y la de su familia. "Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa", expresó Adorni, quien aseguró que no dudará en recurrir a la Justicia.

El caso reavivó el debate sobre el uso de recursos públicos y la seguridad de los funcionarios, en un contexto de creciente polarización política y judicialización de la vida pública argentina. Mientras la oposición insiste en la necesidad de investigar el patrimonio de Adorni, el oficialismo denuncia una campaña de persecución y abuso de poder. El desenlace judicial y político de este enfrentamiento aún está por verse.