La reforma previsional impulsada por el gobierno de Entre Ríos continúa generando un intenso debate social y político en la provincia. Sindicatos, organizaciones de jubilados y profesionales han manifestado su rechazo al proyecto, que actualmente se discute en la Legislatura provincial.

La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones anunció una serie de acciones para visibilizar su oposición, incluyendo una jornada de volanteadas informativas el próximo 24 de junio en las ciudades de Paraná, Concordia y Gualeguaychú. Además, anticiparon la convocatoria a un paro general con movilización, cuya fecha será comunicada en los próximos días. “Manifestamos nuestro firme rechazo a este ajuste, porque no es una reforma jubilatoria, porque perjudicará a activos y jubilados”, expresó Alejandra Levrand, secretaria general de la Asociación del Personal Superior.

En paralelo, la Multisectorial entregó más de 50.000 firmas recolectadas en contra de la reforma, reflejando el amplio rechazo social que genera la iniciativa. “La recolección de 50.000 firmas fue un trabajo de la Multisectorial porque se trató de la opinión de la sociedad que está en contra del ataque a los trabajadores activos y jubilados de la provincia”, afirmó José María Segura, representante de la Asociación Judicial de Entre Ríos.

El proyecto de reforma, denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, es analizado en comisiones del Senado, donde se han realizado audiencias con la participación de sindicatos, magistrados, contadores y otros actores. Representantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial advirtieron sobre riesgos jurídicos y financieros, señalando la posible inconstitucionalidad de algunos artículos y la delegación excesiva de atribuciones al Poder Ejecutivo. “El sueldo no puede quedar sujeto al Poder Ejecutivo”, advirtió Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura.

Por su parte, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos propuso modificaciones graduales y alertó sobre el déficit estructural de la Caja de Jubilaciones, así como sobre el riesgo de una ola de litigios si no se respetan los derechos adquiridos. “Si no se mantiene el nivel de vida actual, es un jubilado un juicio”, enfatizó Lisandro Tomé, representante del Consejo.

El Senado prevé emitir dictamen sobre el proyecto en julio, tras finalizar la ronda de consultas. El debate se da en un contexto de preocupación por la sustentabilidad financiera del sistema previsional y la necesidad de evitar conflictos judiciales como los registrados en otras provincias. Mientras tanto, los sectores afectados mantienen su plan de lucha y exigen que cualquier reforma respete los derechos de trabajadores y jubilados.