El Gobierno nacional decidió suspender el programa Volver al Trabajo, que beneficiaba a cerca de 950.000 familias en todo el país, y reemplazarlo por un sistema de vouchers orientados a la capacitación laboral y el consumo esencial. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, busca reorganizar la asistencia social y focalizar los recursos en la reinserción laboral formal.

La decisión generó una ola de protestas en más de cien puntos del país, con cortes de calles y movilizaciones encabezadas por organizaciones sociales como la UTEP, el Movimiento Evita y la CTA. Los manifestantes expresaron su preocupación por el impacto económico de la medida, especialmente en las economías barriales y en sectores vulnerables. En ciudades como Cañuelas y Río Cuarto, la suspensión del programa afecta a miles de familias y representa una reducción significativa de ingresos para el comercio local.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, señaló que "la principal política social es el trabajo" y criticó la falta de resultados del programa en términos de inserción laboral formal. Sin embargo, advirtió que la eliminación del beneficio agravará la situación de pobreza y reducirá el consumo en los barrios. "Esto implica 3.300 millones de pesos que van a dejar de circular en la economía barrial", afirmó Gramajo, quien también denunció la falta de diálogo con el Gobierno.

El nuevo sistema de vouchers, según el Gobierno, permitirá un uso más eficiente y dirigido de la asistencia, evitando gastos no contemplados y facilitando el acceso a formación y herramientas de trabajo. No obstante, referentes sociales consideran que el mecanismo es ineficaz y que las condiciones para acceder a capacitaciones son poco realistas para los beneficiarios.

En respuesta a la medida, organizaciones sociales presentaron recursos judiciales y anticipan nuevas acciones de protesta. El debate sobre el futuro de la asistencia social y el impacto de los recortes continúa en la agenda pública, en un contexto de recesión económica y ajuste fiscal. El Gobierno sostiene que la reforma es necesaria para mejorar la eficiencia del gasto social, mientras que los movimientos sociales exigen respuestas para evitar una mayor descomposición social.