El Gobierno argentino avanza en la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay, un corredor fluvial estratégico para el comercio exterior del país y la región. Tras la apertura de sobres de la licitación internacional, tres empresas extranjeras presentaron ofertas para operar y mantener los 1.400 kilómetros bajo jurisdicción argentina durante los próximos 25 años. Sin embargo, la empresa brasileña DTA Engenharia enfrenta una posible descalificación por no haber presentado la garantía de mantenimiento de oferta de 20 millones de dólares en el plazo estipulado, según documentos internos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

De confirmarse la exclusión de DTA, solo quedarían en competencia las firmas belgas Jan De Nul, histórico concesionario del dragado y mantenimiento, y DEME, que ya había participado en el proceso anterior. El negocio, estimado en 15.000 millones de dólares a lo largo de la concesión, es clave para la economía argentina, ya que por la Hidrovía circula más del 80% de las exportaciones nacionales.

El proceso licitatorio, que cuenta con el respaldo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), fue diseñado para garantizar transparencia y competitividad, tras un primer intento fallido en 2024 marcado por denuncias de falta de transparencia y escasa participación. El nuevo pliego redujo los plazos de concesión y las tarifas de peaje, e incorporó mayores exigencias técnicas y de inversión.

DTA Engenharia, por su parte, argumenta que su oferta, inferior al precio mínimo establecido, responde a estudios técnicos y económicos, y denuncia vicios en el proceso. La empresa presentó una carta de protesta y sostiene que no puede ser penalizada por ofrecer un valor más competitivo. Desde el Gobierno, sin embargo, se subraya la importancia de cumplir con todos los requisitos para garantizar la igualdad entre los oferentes.

El proceso ha recibido el respaldo de sectores productivos, cámaras empresariales y gobiernos provinciales, aunque persisten críticas de actores externos que proponen dividir la concesión. El Gobierno mantiene el esquema actual, defendiendo la transparencia y el impacto positivo esperado en la economía nacional. Se estima que la adjudicación y la toma de posesión por parte del nuevo concesionario ocurran en el segundo semestre de 2026, marcando un hito en la gestión de la principal vía fluvial del país.