La Justicia de Familia de Mendoza emitió una alerta urgente para localizar a Sur Álvarez Tovar, una niña de 7 años que fue trasladada por su madre desde Mendoza a la provincia de Buenos Aires, incumpliendo una orden judicial de restitución. El caso, que se tramita en los tribunales de Familia de Maipú, se enmarca en un prolongado conflicto familiar que comenzó tras la separación de los padres en 2021.

Según fuentes judiciales, la madre de la menor, Sofía Micaela Tovar, habría ocultado a la niña y cambiado reiteradamente de domicilio y escuela para evitar su localización. La última vez que se tuvo registro de ambas fue en la localidad bonaerense de San Isidro, donde la menor fue inscripta en una escuela bajo el nombre de "Jazmín". “La madre la llama Jazmín en vez de Sur, como aparece en su DNI”, declaró la directora de una de las escuelas.

El padre de la niña, un arquitecto de 40 años, no ve a su hija desde hace más de cuatro años, aunque ha continuado cumpliendo con la cuota alimentaria. La abogada del padre, Andrea Maturana, señaló: “Todo el tiempo la madre ha presentado denuncias contra el padre para evitar la vinculación con su hija. Ante la falta de pruebas, la Justicia ha ido desestimándolas”. Entre las denuncias, se incluyó una por abuso sexual, que fue investigada y finalmente archivada por falta de pruebas.

En agosto de 2025, la jueza Natalia Lorena Vila ordenó la restitución inmediata de la niña a Mendoza, pero la madre no cumplió con la medida y continuó mudándose. La Justicia dispuso la intervención de organismos de protección y del Ministerio Público Pupilar, y autorizó la difusión de la imagen y datos de la menor en medios y redes sociales para facilitar su búsqueda.

La resolución judicial establece que, de ser localizada, la madre podría ser detenida y la niña reintegrada de inmediato a Mendoza. Las autoridades solicitan a la ciudadanía que, ante cualquier información sobre el paradero de Sur Álvarez Tovar, se comuniquen con la comisaría más cercana o al 911.

El caso pone en relieve la complejidad de los conflictos familiares judicializados y la importancia de garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.