El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, ha ordenado el desalojo de los trabajadores que residen en el histórico complejo turístico de Chapadmalal, en Mar del Plata, como parte de un proceso de concesión del predio a inversores privados por un período de 30 años. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) notificó a los empleados, quienes desde hace décadas se encargan del mantenimiento del lugar, que deben abandonar sus viviendas en un plazo de diez días, bajo amenaza de desalojo.

La medida se enmarca en la decisión oficial de buscar inversión privada para restaurar y elevar la calidad del complejo, que permanece cerrado desde la última temporada. El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendieron la iniciativa, argumentando que permitirá poner el predio "al servicio de la gente" mediante la modernización y explotación turística.

Sin embargo, la decisión ha generado controversia y reacciones políticas diversas. Los trabajadores afectados, asesorados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), presentaron una medida cautelar para intentar frenar el desalojo. Por su parte, la senadora provincial Fernanda Raverta presentó un proyecto de ley para que la provincia de Buenos Aires recupere la titularidad y administración del complejo, señalando que "lo que está en discusión no es solo la propiedad de un predio, sino qué modelo de país queremos".

En el ámbito local, el intendente en licencia y senador provincial Guillermo Montenegro expresó su apoyo a la inversión privada, mientras que el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical + Nuevos Aires propuso destinar parte del complejo a la Universidad Nacional de Mar del Plata para la creación de un campus universitario.

El complejo de Chapadmalal, construido entre 1948 y 1954 para promover el turismo social, fue objeto de una millonaria inversión en 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández, pero volvió a quedar en estado de abandono. El debate actual sobre su futuro refleja la tensión entre modelos de gestión pública y privada de los bienes del Estado, y anticipa nuevas discusiones sobre el destino de otros activos públicos en el país.