El Ministerio de Seguridad nacional, encabezado por Patricia Bullrich, ha iniciado una profunda reestructuración de los Centros de Inteligencia Criminal Regionales (CICRE), que operan como nodos estratégicos para la recopilación y análisis de información sobre narcotráfico, trata de personas y clanes delictivos en Argentina. La medida, ejecutada por el director nacional de Inteligencia Criminal, Ramiro Anzit Guerrero, implicó el cierre, mudanza y reubicación de oficinas en provincias como Salta, Tierra del Fuego, Chaco, Córdoba y Mendoza, así como el traslado de expertos con conocimiento local y vínculos institucionales.

Según fuentes oficiales consultadas, la decisión responde a un "redespliegue" y "reformulación" de los CICRE, con el objetivo de fortalecer las zonas más críticas del país, como el NOA, Rosario, el NEA y el área metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, voces internas y expertos advierten que la medida podría significar una desarticulación de la inteligencia criminal territorial, afectando la coordinación entre fuerzas federales y provinciales y el seguimiento de más de 100 organizaciones criminales mapeadas.

Los cambios comenzaron el 20 de mayo, cuando el personal recibió notificaciones de traslado con plazos de ejecución de entre 15 y 25 días, sin contemplar situaciones familiares ni distancias. Oficinas en Córdoba y Mar del Plata fueron cerradas, mientras que otras se mudaron a ciudades como Bariloche, Iguazú y La Plata. El Ministerio aclaró que la decisión no responde a razones presupuestarias y que no se pagarán pluses ni traslados, lo que generó malestar entre los afectados.

Al menos dos coordinadores regionales presentaron recursos administrativos o medidas judiciales para frenar los traslados, pero recibieron sanciones en sus legajos. Fuentes internas denuncian que la medida busca reemplazar personal por gente afín y podría forzar retiros anticipados, mientras que funcionarios defienden la reforma como una estrategia para potenciar la inteligencia criminal en zonas calientes.

Los CICRE fueron creados en 2016, durante la primera gestión de Bullrich, para federalizar la inteligencia criminal y coordinar investigaciones entre fuerzas provinciales y federales. El modelo recibió apoyo logístico y capacitación internacional, pero perdió fuerza desde 2020, con la pandemia y cambios en la administración nacional. Expertos señalan problemas de articulación y recursos en los CICRE, mientras que otros defienden su rol en el seguimiento de organizaciones criminales.

El futuro de la inteligencia criminal regional en Argentina queda en debate, con posturas contrapuestas sobre la efectividad y el impacto de la reforma impulsada por el Ministerio de Seguridad.