Una serie de relevamientos nacionales realizados en marzo de 2026 revelan que la situación de los inquilinos en Argentina atraviesa una de sus peores crisis históricas. Según datos de la organización Inquilinos Agrupados, el 70% de quienes alquilan viviendas en el país mantiene deudas activas, principalmente para cubrir gastos de alquiler, alimentos y servicios básicos. Este fenómeno se da en un contexto de aumentos trimestrales en los contratos, con subas que, en el último año, alcanzaron hasta un 560%, superando ampliamente la inflación.

El deterioro del poder adquisitivo y la inestabilidad laboral han desplazado a la vivienda como principal preocupación de los inquilinos. Por primera vez, el 96,4% de los encuestados señaló al salario como su mayor inquietud, seguido por el empleo y recién en tercer lugar la vivienda. "La desregulación del precio del alquiler obviamente produjo aumentos por encima de la inflación", afirmó Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, quien también advirtió que "alquilar se ha vuelto una ley de la selva, en donde hay que aceptar todo lo que nos dicen".

El impacto de la crisis se refleja en la vida cotidiana: más de la mitad de los inquilinos ha debido recortar gastos en alimentación, y casi un tercio solo accede a una o dos comidas diarias. En Santa Fe, el 71,4% de los inquilinos está endeudado y el 35,8% hace solo una o dos comidas al día, el porcentaje más alto del país. A nivel nacional, el 17,2% de los inquilinos debió mudarse por no poder afrontar el alquiler, con cifras más elevadas en provincias como Neuquén y Córdoba.

La situación es especialmente crítica entre jubilados, quienes destinan una mayor proporción de sus ingresos al alquiler y presentan los mayores niveles de recorte alimentario. Además, el fenómeno de la "segunda generación inquilina" se consolida, dificultando el acceso a la vivienda propia para nuevas generaciones.

El informe de Inquilinos Agrupados concluye que la crisis de los inquilinos es ahora un fenómeno estructural, atravesado por la caída de ingresos, la precarización laboral y el aumento sostenido del costo de vida. Referentes del sector reclaman la urgente regulación del mercado y la organización colectiva como únicas salidas posibles para revertir la tendencia.