La Cámara de Apelación y Garantías Departamental de San Isidro resolvió imponer una caución real de 40 millones de pesos al abogado Nicolás Payarola, como condición para mantener su eximición de prisión en una causa por múltiples delitos de estafa y defraudación. La decisión judicial revocó la eximición bajo caución juratoria que había sido concedida previamente y estableció que el imputado solo podrá conservar su libertad si deposita la suma fijada y cumple con la prohibición de salir del país.

La investigación involucra a Payarola en al menos siete hechos de estafa ocurridos entre 2022 y 2025 en oficinas del complejo Nordelta, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Además, enfrenta acusaciones por defraudación por retención indebida, abuso de firma en blanco y administración fraudulenta reiterada. Según la acusación del fiscal Cosme Iribarren, Payarola habría recibido fondos o bienes de sus víctimas con la promesa de destinarlos a operaciones judiciales o comerciales, pero en lugar de cumplir con esos fines, los habría utilizado en beneficio propio.

El monto de dinero presuntamente apropiado por el imputado supera los 63 millones de pesos y 64.200 dólares, mientras que el perjuicio económico ocasionado a las víctimas se calcula en más de 13 millones de pesos, 27.500 euros y 608.000 dólares. La resolución judicial subraya la gravedad y reiteración de las conductas atribuidas, y advierte que Payarola también enfrenta otros dos procesos penales: uno por defraudación contra Gonzalo Montiel, donde ya fue procesado y embargado por 810 millones de pesos, y otro por estafa, defraudación y lavado de activos.

La Cámara sostuvo que la caución real es una medida cautelar que busca garantizar la sujeción del imputado al proceso, considerando la posibilidad de fuga dada su capacidad económica. "La posibilidad de sufrir un perjuicio patrimonial en caso de incumplimiento tiene la potencialidad de disuadir al imputado de hacerlo, logrando así que se mantenga a derecho", señala el fallo. La caución deberá ser depositada en el Banco de la Provincia de Buenos Aires en un plazo de cinco días, junto con la prohibición de salida del país y otras obligaciones procesales. En caso de incumplimiento, la eximición de prisión será revocada.

La medida se enmarca en un contexto de múltiples procesos judiciales abiertos contra Payarola, y la eventual unificación de las causas podría derivar en una condena de cumplimiento efectivo, descartando la posibilidad de una pena en suspenso.