Cuatro juezas federales denunciaron a su colega Pablo Salinas por conductas que calificaron como machistas y prepotentes durante una reunión del Colegio de Jueces Federales de Cuyo, ocurrida el 20 de agosto de 2024. Según el escrito presentado, las magistradas relataron episodios de violencia verbal, gestual y psicológica, incluyendo gritos, lenguaje gestual violento e imputaciones falsas, lo que generó un clima de conmoción en el ámbito judicial.

La denuncia fue presentada formalmente el 22 de agosto de 2024 y recorrió diversas instancias, como la Cámara de Casación Penal y la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad de Mendoza, hasta llegar al Consejo de la Magistratura de la Nación. Allí, la Comisión de Disciplina trató el caso bajo el expediente 147/2024. Durante la sesión, el juez y consejero Alberto Lugones argumentó que el tema estaba "superado" tras el pedido de disculpas de Salinas y la concreción del reglamento discutido, por lo que propuso desestimar la denuncia. Esta postura fue apoyada por la mayoría de los consejeros, mientras que solo dos miembros, entre ellos la jueza Alejandra Provítola, votaron a favor de citar a las denunciantes para escuchar su versión de los hechos.

A pesar de la desestimación, las juezas federales solicitaron ser oídas y que el caso sea tratado por el Plenario del Consejo de la Magistratura. "Que haya mediado un pedido de disculpas por parte del doctor Salinas no significa que los hechos denunciados no hayan ocurrido y que merezcan, por su gravedad institucional, que el Consejo de la Magistratura trate la cuestión en pleno", expresaron en su presentación.

Como consecuencia del incidente, el reglamento del Colegio de Jueces Federales fue modificado para incluir disposiciones específicas sobre género, como el liderazgo compartido entre una jueza mujer y un juez varón, alternando la presidencia y la vicepresidencia cada año, y la presencia obligatoria de al menos un secretario en las reuniones. Las juezas señalaron que estas cláusulas fueron incorporadas tras una "manifiesta resistencia", pero finalmente aceptadas por unanimidad.

El caso pone en debate la respuesta institucional ante denuncias de violencia de género en el ámbito judicial y la necesidad de mecanismos efectivos para garantizar la igualdad y el respeto en el ejercicio de la magistratura.