El caso de la desaparición de 190 cabezas de ganado en un establecimiento rural de Santa Teresa, Santa Fe, generó conmoción en el sector agropecuario y en redes sociales. Bruno Riboldi, conocido como “La Joya Agro”, denunció el hecho y estimó el perjuicio en más de 300 millones de pesos. La noticia se viralizó rápidamente, dada la popularidad de Riboldi como influencer del mundo rural.

Sin embargo, la investigación judicial dio un giro inesperado. La Justicia imputó a Nicolás Coscia, encargado del cuidado de la hacienda, no por robo sino por defraudación y abuso de confianza. Según la fiscalía, Coscia habría dispuesto ilegítimamente de los animales, utilizando documentación oficial para venderlos sin autorización del titular. La jueza prohibió a Coscia salir del país, aunque rechazó el pedido de una fianza millonaria.

El operativo policial permitió recuperar 161 de los animales en un feedlot de Chabás, tras verificar marcas y documentación. Los animales fueron restituidos al denunciante, aunque permanecen en depósito por razones operativas. La consignataria que intervino en la venta se declaró víctima de la maniobra y anunció que presentará una denuncia penal.

La defensa de Coscia sostiene que existía un acuerdo societario y que Riboldi estaba al tanto de la operación, señalando que la denuncia pública fue exagerada en redes sociales. El abogado defensor afirmó que la operación se realizó con los documentos correspondientes y que el conflicto es de índole societaria, no delictiva.

El caso puso en evidencia la vulnerabilidad de los productores ante el abigeato y la importancia de los controles en el traslado de hacienda. Además, reveló tensiones internas en sociedades rurales y la relevancia de la documentación en las operaciones ganaderas. La investigación continúa para determinar la posible participación de otras personas y esclarecer la maniobra.