En una sesión cargada de tensiones políticas, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el pago de USD 171 millones a los fondos buitre Attestor Master y Bainbridge Fund, poniendo fin a un litigio que se arrastra desde el default de 2001. La votación, que contó con 138 votos afirmativos y 98 negativos, se produjo tras intensas negociaciones y con el apoyo clave de la UCR, el PRO y bloques provinciales aliados al oficialismo.

El acuerdo, que ya había recibido media sanción en el Senado, responde a sentencias firmes dictadas por tribunales de Nueva York y debía concretarse antes del 30 de junio para evitar nuevas sanciones internacionales. Attestor Master recibirá USD 104 millones y Bainbridge Fund USD 67 millones, en el marco de un convenio que, según el oficialismo, incluye una quita del 30% sobre el monto original reclamado.

La sesión estuvo marcada por la incertidumbre hasta último momento, ya que el oficialismo logró el quórum necesario apenas minutos antes del vencimiento del plazo reglamentario. Además, el debate se vio atravesado por la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los intentos de la oposición de impulsar mociones de interpelación y censura, que finalmente no prosperaron.

Desde el oficialismo, se defendió el pago como una medida necesaria para "cerrar una herida internacional" y avanzar en la normalización financiera del país. "Después de 25 años tenemos la gran posibilidad de cerrar esta herida de deshonra internacional", sostuvo el diputado Bertie Benegas Lynch. Por su parte, sectores de la oposición, especialmente el kirchnerismo y la izquierda, cuestionaron la legitimidad de la deuda y la falta de transparencia sobre el valor original de los bonos adquiridos por los fondos buitre. "Este nuevo pago es un capítulo más del endeudamiento argentino", advirtió Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda.

El acuerdo fue resultado de una larga negociación y responde a fallos judiciales que incluyeron embargos a bienes públicos argentinos en el exterior. El pago era una condición para avanzar en acuerdos internacionales y reducir el riesgo país, según argumentaron fuentes oficiales. Sin embargo, el debate sobre la legitimidad de la deuda y el impacto en la economía nacional continúa abierto, con posturas encontradas entre los distintos bloques parlamentarios.

La aprobación de la ley marca un nuevo capítulo en la relación de Argentina con los acreedores internacionales y deja planteado el desafío de evitar futuros litigios similares, en un contexto de persistente debate sobre la política de endeudamiento y la soberanía financiera.