La Justicia federal argentina avanza en una investigación de gran escala sobre maniobras irregulares con el dólar durante los últimos años del gobierno de Alberto Fernández. El esquema, conocido en el mercado financiero como “La Escalerita”, permitió que casas de cambio y bancos accedieran a dólares al valor oficial para luego revenderlos en el mercado blue, obteniendo ganancias extraordinarias por la brecha cambiaria, que llegó a superar el 50%.

Según fuentes judiciales y regulatorias, entre 2022 y 2023 se estima que entre USD 1.400 y 1.500 millones perdieron trazabilidad dentro del sistema formal. El circuito operaba a través de una cadena de hasta cinco casas de cambio, dificultando el rastreo del dinero y facilitando la adulteración u omisión de registros. La operatoria se vio favorecida por la falta de controles y una normativa que, pese al cepo cambiario, permitía a las casas de cambio comprar dólares a bancos sin límites, bajo el supuesto de abastecer ventas minoristas.

El 30 de noviembre de 2023, el Banco Central dictó una resolución que limitó la compra de dólares por parte de casas de cambio, cortando el circuito. Sin embargo, para entonces, la mayor parte de los movimientos ya se había realizado. Durante ese período, el Banco Central cerró cerca de 60 casas de cambio por incumplimientos regulatorios, principalmente por no informar el destino de los fondos.

La investigación judicial, encabezada por la jueza María Servini, incluyó más de 60 allanamientos en bancos, casas de cambio y domicilios particulares, con el objetivo de recolectar pruebas sobre presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Entre los involucrados figuran financistas, funcionarios del Banco Central y actores vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Sur Finanzas.

El expresidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, defendió la actuación del organismo y aseguró que “la mayoría de las denuncias fueron realizadas por el Banco Central”. Pesce remarcó que las sanciones y controles sobre operaciones con divisas fueron competencia exclusiva del BCRA y que el Ministerio de Economía no intervino en estos procedimientos.

Funcionarios investigados sostienen que informaron oportunamente las irregularidades a la Unidad de Información Financiera y atribuyen las demoras a la Justicia. La causa sigue bajo secreto de sumario y podría derivar en sanciones penales y regulatorias para los actores involucrados. El caso expone las debilidades del sistema de control cambiario y financiero en un contexto de alta volatilidad y restricciones, y plantea interrogantes sobre la supervisión futura del mercado de divisas en Argentina.