El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata concedió la excarcelación a Juan Pablo Offidani, uno de los condenados por el caso Lucía Pérez, ocurrido en 2016. Offidani, quien había recibido una pena unificada de 15 años de prisión por su rol como partícipe secundario en el abuso sexual agravado por consumo de estupefacientes, obtuvo la libertad asistida tras cumplir más de dos tercios de la condena y beneficiarse con una reducción de 13 meses por estímulo educativo.

La resolución judicial, firmada por los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone, establece que Offidani deberá fijar domicilio en la provincia de Buenos Aires, abstenerse de consumir alcohol y drogas, adoptar un oficio o profesión, y someterse a un tratamiento integral contra las adicciones en la institución Proyecto Vida Digna. Además, tiene prohibido salir del país y acercarse a menos de 200 metros de la residencia de los familiares de la víctima, así como cualquier tipo de contacto con ellos.

La decisión fue adoptada pese a la oposición del fiscal Carlos Russo y de la familia de Lucía Pérez, quienes argumentaron la existencia de factores de riesgo y la insuficiencia de la pena cumplida. El tribunal, sin embargo, consideró que Offidani cumplía con los requisitos legales para acceder al beneficio, tras casi una década de detención.

El caso Lucía Pérez conmocionó a la sociedad argentina y se convirtió en un emblema de la lucha contra la violencia de género. La joven de 16 años fue hallada muerta en octubre de 2016, tras un encuentro con Offidani y Matías Farías, quien fue condenado a prisión perpetua en un fallo posterior. El proceso judicial estuvo marcado por controversias, cambios en las calificaciones legales y movilizaciones sociales que exigieron justicia.

La excarcelación de Offidani reaviva el debate sobre la respuesta judicial ante los crímenes de género y la efectividad de las medidas de reinserción social. Organizaciones feministas y familiares de la víctima manifestaron su indignación, mientras que los jueces defendieron la legalidad de la decisión. El caso sigue siendo un símbolo de la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia en Argentina.