Manuel Adorni, jefe de Gabinete, incorporó con un año de retraso la compra de una casa en el country Indio Cua a su declaración jurada patrimonial, luego de que la Justicia lo requiriera en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La propiedad, adquirida el 15 de noviembre de 2024 a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, no fue consignada en el anexo reservado de la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) en agosto de 2025.

La omisión fue subsanada recién en 2026, cuando la Justicia solicitó la documentación completa a la OA, que la remitió al juzgado de Ariel Lijo y a la fiscalía de Gerardo Pollicita. Según la ley de Ética Pública, los funcionarios deben declarar los bienes propios y los de sus cónyuges, incluso si no son gananciales. La falta de esta información puede derivar en sanciones administrativas y, si se prueba intencionalidad, en consecuencias penales.

La operación de compra fue financiada parcialmente con un préstamo hipotecario de 100.000 dólares, otorgado por dos particulares y garantizado con otro inmueble de la familia. La escribana Adriana Nechevenko y las prestamistas declararon ante la fiscalía sobre los detalles de la transacción. Hasta el momento, se han pagado 30.000 dólares del préstamo.

El patrimonio de Adorni ha sido objeto de escrutinio público y judicial, especialmente tras la adquisición de otros bienes, como un departamento en Caballito y una camioneta, desde que asumió funciones públicas. En conferencias de prensa, Adorni defendió la legalidad de su patrimonio y atribuyó las acusaciones a una campaña política y mediática en su contra. "No tengo nada que esconder, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno", afirmó.

La investigación judicial sigue su curso, con la Justicia recabando información de organismos estatales y analizando si la omisión en la declaración jurada fue maliciosa. El caso pone en foco la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales de los funcionarios públicos, en un contexto de creciente demanda social por integridad en la gestión pública.