La comunidad educativa del Instituto Albert Einstein (IAE) de Mar del Plata se vio sacudida tras la aparición de un pasacalles con amenazas dirigidas a dos miembros del equipo directivo. El mensaje, firmado por “El Intocable”, fue colocado frente al colegio y replicado en redes sociales, generando alarma y una inmediata reacción institucional.

El conflicto tiene su origen en la decisión de la escuela de no renovar la matrícula de un alumno de sexto año debido a reiteradas infracciones disciplinarias. La familia del estudiante recurrió a la Justicia de Familia, que ordenó su reincorporación al considerar que no se habían agotado instancias previas de diálogo y acompañamiento, y priorizó el derecho a la educación del adolescente. La escuela apeló la medida, pero el alumno fue reincorporado mientras se resuelve la cuestión de fondo.

En respuesta al episodio del pasacalles, docentes, directivos y el equipo de orientación escolar difundieron una carta abierta en la que denunciaron situaciones de violencia, discriminación y mensajes intimidatorios dentro de la institución. “Nos preocupa el momento en que la crueldad deja de escandalizar y se transforma en una pedagogía que enseña la desensibilización”, expresaron en el comunicado, que también alertó sobre la naturalización de la violencia y la indiferencia ante el dolor ajeno.

El documento docente contextualizó el caso en un escenario nacional de creciente violencia escolar, mencionando episodios recientes de armas en mochilas, amenazas y agresiones en otras escuelas. Aunque aclararon que en el IAE no se registraron hechos extremos, señalaron la existencia de conductas inaceptables como burlas, menosprecio y mensajes de odio.

La jueza que intervino en el caso subrayó la importancia de proteger el derecho a la educación y cuestionó la falta de medidas graduales y preventivas por parte de la institución. También señaló falencias en la participación familiar y escolar para evitar la judicialización del conflicto.

El caso generó un llamado a la reflexión sobre el rol de la escuela y la comunidad en la prevención de la violencia y la necesidad de fortalecer los lazos institucionales. Mientras tanto, la situación judicial sigue abierta y el debate sobre los límites y responsabilidades en la convivencia escolar continúa vigente.