La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) inició una investigación penal por presuntos daños al patrimonio histórico en el subsuelo del Mercado de San Telmo, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. La medida fue tomada tras una denuncia que alertó sobre excavaciones realizadas el 15 de diciembre por personal del mercado, las cuales habrían excedido los permisos de obra y omitido los protocolos de preservación requeridos para un espacio declarado Monumento Histórico Nacional en 2001.

Durante la inspección, funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la AGC, la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad y la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico constataron que diversos elementos arqueológicos extraídos del subsuelo fueron arrojados a un contenedor de basura, tratándolos como escombros comunes en lugar de piezas de valor histórico. Ante esta situación, se dispuso el cese de actividades y se labraron actas circunstanciadas, además de tomar registros fotográficos de las excavaciones y los materiales recuperados.

El fiscal Blas Matías Michienzi, a cargo de la investigación, señaló que "el Mercado de San Telmo no es solo un punto comercial, es un espacio protegido por ley nacional. Cualquier intervención debe ser supervisada para evitar la pérdida irreversible de nuestra historia". Además, se notificó formalmente a los responsables sobre la vigencia de la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que obliga a denunciar de inmediato el hallazgo de yacimientos u objetos históricos y garantizar su conservación.

La investigación busca determinar el alcance del daño producido y si existió una omisión deliberada del deber de informar los hallazgos. Las autoridades culturales y judiciales expresaron preocupación por la posible pérdida de piezas arqueológicas de alto valor para la Ciudad de Buenos Aires. El caso pone en foco la importancia de la preservación del patrimonio en espacios emblemáticos y la necesidad de reforzar los controles sobre intervenciones en sitios protegidos, en un contexto de creciente debate sobre la conservación histórica en la ciudad.