El Gobierno nacional ha iniciado una nueva ronda de negociaciones con gobernadores provinciales en busca de los apoyos necesarios para avanzar con la reforma laboral, una de las iniciativas centrales de la administración de Javier Milei. El ministro del Interior, Diego Santilli, encabeza la gira que comenzó en la provincia de Chubut, donde se reunió con el gobernador Ignacio Torres. La agenda de Santilli prevé visitas a al menos diez provincias durante enero, replicando la estrategia de diálogo que permitió la aprobación del Presupuesto 2026.

Durante su visita a Chubut, Santilli y Torres priorizaron la coordinación para enfrentar los incendios forestales que afectan la región, aunque la reforma laboral se mantuvo como tema de fondo. Torres, por su parte, busca avanzar en un acuerdo con la Nación por la deuda de la caja de jubilaciones provincial, que supera los $50 mil millones, y anticipó que presentará una demanda ante la Corte Suprema si no se resuelve el conflicto.

El proyecto de reforma laboral enfrenta una fuerte resistencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la bancada peronista, que rechazan especialmente la eliminación de la ultraactividad y la prioridad de los acuerdos de empresa sobre los convenios de actividad. "La prioridad ahora es controlar el fuego, pero seguimos conversando sobre la reforma", señaló Torres en conferencia de prensa, destacando la colaboración entre Nación y provincias.

El oficialismo considera aceptar modificaciones al proyecto en el Senado para facilitar su aprobación en Diputados y evitar que el texto deba regresar a la Cámara alta. Uno de los puntos más controvertidos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que obligaría a los empleadores a aportar un 3% de la remuneración bruta de cada trabajador para cubrir indemnizaciones por despidos.

La reforma laboral es vista por el Gobierno como fundamental para el éxito de su modelo económico, aunque algunos gobernadores y bloques provinciales mantienen reparos y buscan negociar condiciones. El debate parlamentario se postergó para febrero, con la expectativa de que se introduzcan cambios que permitan destrabar la discusión. Mientras tanto, la CGT y sectores sindicales intensifican su rechazo y demandan mayor diálogo con el Ejecutivo. El desenlace de las negociaciones será clave para el futuro de la iniciativa y para el equilibrio de las finanzas provinciales, dado el posible impacto en los fondos coparticipables.