El transporte público de pasajeros será gratuito este domingo en Mar del Plata durante el horario de votación, tras una orden judicial que obliga al municipio de General Pueyrredón a garantizar el servicio sin costo. La medida, dictada por la jueza Mariana Irianni a raíz de un amparo presentado por un vecino, busca asegurar que ningún ciudadano vea limitado su derecho al voto por razones económicas.

El intendente Guillermo Montenegro calificó el fallo como de “cumplimiento imposible” y advirtió que el costo estimado de la medida asciende a 300 millones de pesos, una cifra que, según el jefe comunal, el municipio no está en condiciones de afrontar. “Nunca en la historia el municipio se hizo cargo de un gasto de estas características y yo tengo la obligación de cuidar la plata de los vecinos”, expresó Montenegro, quien además notificó al Ministerio de Transporte bonaerense para que la provincia decida los pasos a seguir.

La provincia de Buenos Aires había dispuesto la gratuidad del transporte público para toda la jornada electoral, invitando a los municipios a adherirse, lo que implica que el financiamiento recaiga sobre los presupuestos locales. Esta decisión generó controversia, ya que el municipio de Mar del Plata había anunciado previamente que no aplicaría la gratuidad por falta de recursos asignados por la provincia.

Las empresas de transporte confirmaron que el servicio será gratuito entre las 8 y las 18 horas del domingo. La jueza Irianni advirtió que el incumplimiento de la orden podría acarrear sanciones legales para el municipio.

El debate sobre quién debe asumir el costo de garantizar el acceso al voto sin barreras económicas se da en un contexto de alta tensión política, en vísperas de elecciones legislativas y municipales. Mientras tanto, la provincia también liberó peajes en rutas clave para facilitar el traslado de votantes, reforzando el objetivo de maximizar la participación ciudadana.

La resolución judicial sienta un precedente para futuros comicios y reaviva la discusión sobre la equidad, la responsabilidad fiscal y el acceso igualitario a los derechos cívicos.