Docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) intensificaron sus protestas esta semana en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional. Las manifestaciones incluyeron clases públicas frente a la Casa Rosada y en la Plaza de Mayo, así como un simulacro de juicio al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Facultad de Derecho.

Según la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), el Ejecutivo acumula más de 170 días de incumplimiento de la ley, a pesar de haber sido ratificada por el Congreso y contar con un fallo judicial favorable. "Cada día que pasa sin el aumento del 50%, el Gobierno profundiza la ilegalidad, mientras los docentes perdimos más de la tercera parte de nuestro poder adquisitivo", declaró Laura Carboni, secretaria general de la AGD-UBA. Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas indica que el salario real docente se encuentra 35,6% por debajo de noviembre de 2023 y 2,7% por debajo de los peores niveles de 2004.

Las actividades de protesta incluyeron la realización de clases públicas de diversas materias y paneles de debate en la Plaza de Mayo, con el objetivo de visibilizar la crisis presupuestaria y sumar apoyo de la comunidad. En paralelo, la Facultad de Derecho fue escenario de un juicio simbólico a Adorni, donde estudiantes y docentes denunciaron no solo el incumplimiento de la ley, sino también presuntos casos de corrupción y privilegios en el gobierno. "La persona que hoy debería estar garantizando el cumplimiento de una ley es la misma que está involucrada en hechos de corrupción, enriqueciéndose mientras a nosotros nos dicen que no hay recursos", expresó una estudiante durante la actividad.

Karina Franciscovic, decana de la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA, advirtió que el deterioro de las universidades es "muy significativo" y que la situación se vuelve cada vez más difícil de sostener. A pesar de las medidas de fuerza, las casas de estudio permanecen abiertas para quienes deseen continuar con sus actividades académicas.

El conflicto se desarrolla en un contexto de ajuste presupuestario y caída del poder adquisitivo en el sector público, con antecedentes de movilizaciones masivas en defensa de la universidad pública. Las autoridades universitarias y gremios advierten que, de no revertirse la situación, el impacto sobre la calidad educativa y la permanencia de estudiantes y docentes podría ser irreversible.