La semana en Rosario estuvo marcada por una serie de acontecimientos que reflejan la complejidad del entramado económico, judicial e industrial de la región. El proceso de quiebra de SanCor, una de las empresas lácteas más emblemáticas del país, se vio envuelto en una fuerte polémica tras la denuncia de uno de los síndicos contra el juez Marcelo Gelcich. Según la acusación, el magistrado habría implementado un esquema para obstaculizar el control independiente de la sindicatura, concentrando funciones en una coadministración designada de manera arbitraria y alineada con el juzgado. Entre las irregularidades señaladas, se destaca la desaparición de 24.640 kg de queso bajo resguardo judicial, valuados en más de 200 mil dólares, sin que se investigara el destino de los fondos. El denunciante sostiene que estas prácticas comprometen la transparencia del proceso y solicita la intervención urgente de la Corte Suprema para garantizar la independencia de los órganos concursales.

En paralelo, el debate sobre la planificación urbana y el desarrollo inmobiliario volvió a ocupar el centro de la escena en Rosario. Constructores y autoridades municipales discuten el impacto del Código Urbano sancionado en 2008, con posturas encontradas sobre si las regulaciones frenaron la inversión o protegieron la planificación de la ciudad. Mientras algunos sectores empresariales reclaman una actualización normativa para recuperar competitividad y facilitar el acceso a la vivienda, desde el municipio se defiende la necesidad de consensos y planificación a largo plazo.

El sector industrial también tuvo su momento de protagonismo con la celebración de los 83 años de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM). Su presidente, Rafael Catalano, destacó la tradición productiva de la ciudad y llamó a fortalecer las condiciones para el desarrollo de la industria local. Empresarios del sector advirtieron sobre los desafíos que plantea la competencia internacional, especialmente la importación de productos bajo el régimen RIGI, y reclamaron previsibilidad, financiamiento y reglas claras para sostener el empleo y la inversión.

Estos debates y denuncias reflejan la tensión entre la necesidad de transparencia institucional, la actualización de marcos regulatorios y la defensa de la producción local, en un contexto de cambios económicos y sociales que impactan de lleno en la región.