El reciente proyecto de ley impulsado por el presidente argentino Javier Milei para otorgar personalidad jurídica a empresas gestionadas por inteligencia artificial (IA) ha generado un intenso debate tanto en el país como a nivel internacional. La iniciativa, presentada junto al ministro Federico Sturzenegger, propone reconocer legalmente a las sociedades automatizadas y a las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), permitiendo que operen sin empleados humanos y bajo responsabilidad limitada.

Según el gobierno, el objetivo es crear un marco jurídico innovador que facilite la radicación de empresas tecnológicas en Argentina, con baja carga impositiva y libertad para elegir normas de gobierno corporativo. Milei argumentó en una columna publicada en el Financial Times que, así como la sociedad de responsabilidad limitada fue clave en la revolución industrial, hoy se necesita un mecanismo similar para los agentes de IA, permitiendo su desarrollo sin una regulación prematura.

Sin embargo, la propuesta fue rápidamente cuestionada por el historiador y filósofo Yuval Noah Harari, quien advirtió en el mismo medio que otorgar personalidad jurídica a la IA podría abrir la puerta a riesgos inéditos. Harari sostuvo que esta medida sería "una llave maestra" que permitiría a los agentes de IA acceder a sistemas financieros, económicos y políticos, sin responsabilidad humana directa. "Un Estado IA, un país gobernado por corporaciones no humanas, podría ser aún más difícil de controlar", alertó.

El debate se ha centrado en los riesgos de concentración de poder, la falta de mecanismos claros de sanción y la posible desvinculación de la responsabilidad humana. Analistas y legisladores han señalado que, si bien el derecho argentino ya contempla la responsabilidad objetiva, la escala y autonomía de la IA requieren nuevas herramientas legales, como seguros obligatorios y protocolos de control.

La discusión ha puesto a Argentina en el centro del debate global sobre el futuro de la inteligencia artificial y su regulación. Mientras el gobierno apuesta por la innovación y la competitividad, voces críticas insisten en la necesidad de salvaguardas éticas y jurídicas para evitar consecuencias imprevisibles. El Congreso argentino deberá ahora decidir si avanza con una legislación que podría marcar un precedente internacional, en un contexto de rápidos cambios tecnológicos y crecientes desafíos regulatorios.