La defensa de Konstantin Rudnev, ciudadano ruso acusado de liderar una organización investigada por trata de personas en Bariloche, presentó una denuncia disciplinaria ante la Procuración General de la Nación contra tres fiscales del Ministerio Público Fiscal. Según la presentación, los fiscales Oscar Fernando Arrigo, Tomás Labal y Gustavo Révora habrían incurrido en irregularidades durante la investigación, como el uso de argumentos inexactos, omisión de pruebas favorables y restricciones al derecho de defensa.

La denuncia se produce poco después de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara la prisión domiciliaria de Rudnev, argumentando riesgo de fuga y la gravedad de los delitos imputados. Sin embargo, la defensa sostiene que la decisión se basó en información incorrecta y que la fiscalía habría ignorado informes médicos y resoluciones internacionales que recomendaban mantener la prisión domiciliaria por razones humanitarias. "No toda postura fiscal contraria a la defensa constituye una falta disciplinaria, pero la acumulación de los hechos relatados justifica una investigación independiente", afirmó la abogada Iveth Emilia Quesada Ugalde.

El traslado de Rudnev tras una cirugía reciente fue realizado por vía terrestre, en contra de las recomendaciones médicas, lo que, según la defensa, puso en riesgo su salud. Organizaciones de derechos humanos, la ONU y la CIDH han manifestado preocupación por el trato recibido y exigen garantías procesales y atención médica adecuada.

El fiscal Arrigo, principal blanco de las críticas, ha sido cuestionado en otros casos por presunta parcialidad y métodos considerados arbitrarios. Voces internacionales y nacionales llaman a investigar su actuación y a garantizar que el proceso judicial respete los derechos fundamentales del imputado. Mientras tanto, el caso sigue generando debate sobre el uso de la prisión preventiva y el respeto a los derechos humanos en el sistema judicial argentino.