El juicio por la causa "Sueños Compartidos" avanza en el Tribunal Oral Federal 5, donde se investiga el presunto desvío de 206 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales en distintas provincias argentinas. En la última audiencia, los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, junto a exfuncionarios como Abel Fatala y Daniel Freidin, ampliaron sus declaraciones indagatorias, defendiendo sus gestiones y señalando responsabilidades ajenas.

Sergio Schoklender, exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, negó haber pagado coimas y apuntó contra Emilio Pérsico, a quien acusó de haber recibido la administración de fondos tras una decisión política. Según Schoklender, la llegada de Pérsico derivó en la transformación de sueldos en becas y la posterior paralización de las obras. Además, remarcó que las decisiones sobre el uso del dinero eran tomadas por él o Hebe de Bonafini, y que parte de los fondos se destinaban a sueldos y campañas políticas.

Por su parte, Pablo Schoklender defendió la gestión de pagos a proveedores y negó irregularidades en la entrega de cheques, explicando que los pagos estaban sujetos a procesos administrativos complejos que involucraban a municipios y ministerios nacionales. Abel Fatala, exsubsecretario, sostuvo que los controles de las obras estaban a cargo de los municipios y que solo se pagaba por obra ejecutada, mientras que Daniel Freidin aclaró que no participó en convenios cuestionados tras dejar su cargo.

El proceso judicial involucra a nueve procesados, entre ellos los hermanos Schoklender, el exministro Julio De Vido, el exsecretario José López y otros exfuncionarios. El tribunal, integrado por los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico, junto al fiscal Diego Velazco, fijó el inicio de los alegatos para el 8 de julio.

El caso "Sueños Compartidos" es uno de los expedientes más emblemáticos sobre presunta corrupción en la obra pública durante la gestión kirchnerista. El juicio busca determinar la responsabilidad penal de los acusados y esclarecer el destino de los fondos públicos asignados a la construcción de viviendas sociales, en un contexto de alta sensibilidad política y social.