Un intento de femicidio ocurrido en la ciudad de Orán, provincia de Salta, ha generado conmoción y renovado el debate sobre la eficacia de las medidas judiciales de protección a víctimas de violencia de género. Jorge Fernando Carrizo, de 27 años, fue liberado por la Justicia local pese a sus antecedentes y a un pedido de prisión preventiva formulado por la fiscalía. Semanas después, el 22 de mayo, Carrizo atacó brutalmente a su pareja, también de 27 años, rociándola con un líquido inflamable y prendiéndola fuego.

La víctima sufrió graves quemaduras en el rostro y el cuello y, tras el ataque, evadió la custodia policial que tenía asignada. Desde entonces, su paradero es desconocido, lo que incrementa la preocupación de familiares y autoridades por su estado de salud y seguridad. La policía de Salta mantiene un operativo de búsqueda tanto de la víctima como del agresor, quien permanece prófugo.

El caso quedó bajo investigación de la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, mientras que la Sala II del Tribunal de Impugnación, encabezada por el juez Guillermo Poliotto, revocó la decisión que había permitido la excarcelación de Carrizo y ordenó su inmediata detención, declarándolo en rebeldía.

La situación ha generado fuertes críticas hacia el sistema judicial, especialmente por la decisión del juez Francisco Oyarzú de rechazar la prisión preventiva solicitada por la fiscalía, lo que permitió que el agresor recuperara la libertad. Organizaciones sociales y familiares de la víctima han denunciado la insuficiencia de las medidas de protección y la vulnerabilidad en la que quedan las mujeres que denuncian violencia de género.

Este caso se suma a otros episodios recientes en la provincia de Salta, donde la reiteración de hechos violentos contra mujeres evidencia la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de prevención y protección. Las autoridades han solicitado la colaboración de la comunidad para aportar información que permita localizar tanto a la víctima como al agresor, mientras continúa el debate sobre la responsabilidad estatal en la protección de las víctimas de violencia de género.