El gobierno nacional dispuso un esquema de adelantos de coparticipación federal para asistir financieramente a 12 provincias argentinas, entre ellas Tucumán y Chaco, en respuesta a la fuerte caída de la recaudación y las dificultades para afrontar gastos corrientes. Según el decreto 219/2026, los distritos podrán acceder a anticipos por hasta $400.000 millones, que deberán ser devueltos en el mismo ejercicio fiscal con un interés del 15% anual, una tasa inferior a la del mercado.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, explicó que la provincia ha perdido entre un 8% y un 9% de sus ingresos coparticipables mensuales, lo que representa entre $10.000 y $14.000 millones cada mes. "Hemos tenido que disponer del fondo anticíclico para poder pagar los sueldos en tiempo y forma y garantizar servicios esenciales", señaló Jaldo, quien destacó que Tucumán fue una de las primeras provincias en firmar el convenio con la Nación.

En Chaco, el gobernador Leandro Zdero acordó un anticipo financiero de $350.000 millones en tres desembolsos, que serán devueltos en cuatro cuotas a partir de agosto. Otros distritos, como Misiones y Tierra del Fuego, también accedieron a planes de asistencia con diferentes condiciones.

El mecanismo de adelantos "intramés" ya se venía utilizando de manera discrecional, según denunció el senador Daniel Bensusán, quien advirtió sobre la falta de equidad y el posible condicionamiento político de estos fondos. "Cuando estos mecanismos se aplican de manera selectiva se abre un debate sobre la equidad en la relación federal", afirmó.

Mientras tanto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof judicializó el reclamo por más de 14 billones de pesos que, según sostiene, la Nación adeuda a la provincia de Buenos Aires. Kicillof pidió el apoyo de la Suprema Corte bonaerense y de los intendentes para fortalecer su posición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La situación revela la creciente dependencia de las provincias respecto de los fondos nacionales y la tensión política en torno a la distribución de recursos, en un contexto de recesión y caída del consumo que afecta la recaudación de impuestos clave como el IVA y Ganancias. El debate sobre la equidad y la transparencia en la asignación de fondos federales sigue abierto, mientras los gobernadores buscan garantizar la estabilidad financiera y social en sus distritos.