Un reciente allanamiento en una lujosa mansión de Pilar, provincia de Buenos Aires, ha desatado un escándalo que sacude a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La propiedad, de más de diez hectáreas y equipada con helipuerto, haras y una colección de autos de lujo, está formalmente registrada a nombre de Real Central SRL, cuyos titulares carecen de respaldo económico para justificar semejante adquisición, según fuentes judiciales.

Durante el operativo, ordenado por el juez federal Daniel Rafecas a raíz de una denuncia de la Coalición Cívica, la Policía Federal secuestró 54 vehículos de alta gama, siete motocicletas y dos kartings. Entre los objetos incautados, se halló un bolso con el logo de la AFA y el nombre del tesorero Pablo Toviggino, así como una placa de reconocimiento del club Barracas Central, lo que refuerza las sospechas sobre la vinculación de la propiedad con altos dirigentes del fútbol argentino.

Otro elemento relevante fue el hallazgo de numerosas botellas de vino de la marca Neurus, asociada a Florencia Sartirana, exsecretaria de Finanzas de la AFA y cercana a Toviggino. La marca ha tenido presencia en eventos oficiales de la AFA y su distribución involucra a personas del entorno del tesorero.

La investigación apunta a un posible esquema de lavado de activos y uso de testaferros, en un contexto donde los balances de la AFA y la Superliga han sido observados por la Inspección General de Justicia por partidas no justificadas que superan los US$460 millones. El expediente, inicialmente a cargo de Rafecas, fue transferido al Juzgado Penal Económico Nº 10, que dispuso el embargo preventivo de la finca y la inmovilización de los bienes.

Mientras tanto, la AFA ha emitido comunicados defendiendo su gestión y denunciando intentos de intervención política, en medio de denuncias presentadas por figuras como Patricia Bullrich. La situación ha trascendido fronteras, con medios europeos advirtiendo sobre la posibilidad de sanciones de la FIFA si se confirma injerencia estatal en la entidad.

El caso pone en jaque la confianza en la dirigencia del fútbol argentino y abre interrogantes sobre la transparencia y el manejo de fondos en una de las instituciones más emblemáticas del país.