La pesca ilegal y no regulada por flotas extranjeras en el Mar Argentino ha alcanzado niveles alarmantes, según informes recientes de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) y la Environmental Justice Foundation (EJF). Entre 400 y 600 buques, en su mayoría de origen chino, operan cada año en la milla 201, justo fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), extrayendo entre 1,5 y 3 millones de toneladas de recursos marinos anualmente. Esta cifra representa hasta cuatro veces el volumen desembarcado por la industria pesquera nacional, que oscila entre 750.000 y 900.000 toneladas por año.

El impacto de esta actividad es doble: económico y biológico. Las pérdidas para Argentina se estiman en alrededor de 1.000 millones de dólares anuales, mientras que la sobrepesca amenaza con agotar especies clave como el calamar Illex argentinus. "El verdadero problema no es solamente que se lleven más volumen que la pesca argentina. El daño más grave es biológico: muchas especies están siendo capturadas antes de completar su ciclo natural", advirtió Raúl Cereseto, presidente de FULASP. La EJF confirmó que la combinación de sobrepesca y condiciones ambientales adversas podría provocar un colapso poblacional del calamar Illex en apenas un año, lo que tendría consecuencias devastadoras para la cadena alimentaria marina.

Las prácticas ilegales documentadas incluyen el apagado deliberado de sistemas de identificación automática, el uso de banderas de conveniencia y redes de arrastre prohibidas. El gobierno argentino ha respondido con sanciones inéditas, como la multa de 1,26 millones de dólares al arrastrero Bao Feng, y ha reforzado la vigilancia mediante acuerdos internacionales. Recientemente, se firmó un pacto con el Comando Sur de la Armada de los Estados Unidos para permitir patrullajes conjuntos en el extremo sur del país, una medida que ha generado debate sobre la soberanía nacional y la eficacia de la cooperación internacional.

A la presión de las flotas extranjeras se suma la explotación de recursos migratorios argentinos por parte del Reino Unido en las Islas Malvinas, donde las capturas bajo licencias británicas alcanzaron las 261.903 toneladas en 2024. Este esquema representa más de un tercio de toda la pesca argentina y refuerza la preocupación por la sostenibilidad del ecosistema y la economía pesquera nacional.

El fenómeno no es exclusivo de Argentina: otros países sudamericanos también denuncian la presencia masiva de flotas extranjeras en sus aguas jurisdiccionales. La continuidad de este esquema extractivo compromete la biodiversidad marina, el empleo en los puertos y la producción de alimentos a nivel nacional. Las autoridades y organizaciones ambientales coinciden en la urgencia de fortalecer los controles y la cooperación internacional para evitar un colapso ecológico y económico en el Atlántico Sur.