El hallazgo del cuerpo sin vida de Luana Cabral, una adolescente de 15 años con parálisis cerebral, en la ciudad de Federación, Entre Ríos, ha generado conmoción y repudio en la sociedad. Según informaron fuentes judiciales y policiales, la joven habría permanecido muerta en su cama durante al menos un mes antes de ser descubierta por su hermano menor, en un contexto de presunto abandono por parte de sus padres.

La investigación, a cargo de la fiscal Josefina Penón, determinó que Luana dependía completamente de sus progenitores para su supervivencia. El cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición, lo que llevó a la fiscalía a caratular la causa como "abandono de persona agravado por el vínculo, seguido de muerte", un delito que prevé penas de prisión efectiva. El padre de la menor, Raúl Cabral, fue liberado tras declarar que había regresado al hogar familiar apenas 15 días antes del hallazgo, mientras que la madre, Noelia Moretti, permanece detenida bajo custodia hospitalaria y aún no pudo declarar debido a su estado psicoemocional.

La decisión judicial de liberar al padre desató una ola de indignación entre los vecinos y familiares, quienes consideran que ambos padres comparten la responsabilidad legal y ética por el fallecimiento de Luana. Emilia Pucheta, hermana de la víctima, manifestó su desacuerdo con la medida y aseguró que hará todo lo posible para que se haga justicia. La fiscal Penón apeló la liberación de Cabral y aguarda una nueva audiencia para revertir la resolución.

El caso también impactó profundamente a los efectivos policiales que intervinieron en el hallazgo. Sofía Engelman, una de las agentes presentes, relató en sus redes sociales el fuerte impacto emocional que le provocó la escena, destacando la extrema vulnerabilidad en la que se encontraba la adolescente.

En respuesta a la indignación social, vecinos de Federación convocaron a una movilización para exigir justicia por Luana. La marcha está prevista para este viernes frente a la casa de la joven y podría dirigirse hasta el domicilio del juez que intervino en la causa. El caso reaviva el debate sobre la protección de personas con discapacidad y la responsabilidad del Estado en la prevención de situaciones de abandono.