La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de la polémica tras la revelación de detalles sobre la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La operación, realizada en noviembre de 2025 por un valor de US$230.000, fue financiada en un 87% mediante una hipoteca no bancaria otorgada por dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes figuran como acreedoras de US$100.000 cada una.

La controversia creció cuando ambas mujeres negaron públicamente conocer a Adorni al ser consultadas por la prensa. Además, se supo que Sbabo solicitó en 2025 un subsidio cultural de $60.000 mensuales al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que generó interrogantes sobre su capacidad económica para otorgar un préstamo de tal magnitud. La escritura del inmueble quedó a nombre de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, con un 50% de titularidad para cada uno.

La operación está siendo investigada por la justicia federal, que también puso la lupa sobre la escribana Adriana Nechevenko, responsable de certificar la compra. Nechevenko fue citada a declarar, ya que en el pasado prestó servicios en causas judiciales de alto perfil, incluyendo un megajuicio contra una banda narco. Según documentos judiciales, su firma aparece en expedientes relacionados con importaciones de efedrina, aunque su rol se limitó a la certificación de firmas.

El caso ha generado un fuerte impacto mediático y político, con encuestas que reflejan un deterioro en la imagen pública de Adorni. El Gobierno, por su parte, intenta mostrar respaldo al funcionario, mientras la investigación judicial avanza y se esperan nuevas declaraciones y peritajes sobre la operación inmobiliaria y el origen de los fondos.

En este contexto, la situación patrimonial de Adorni y la transparencia en la gestión de los funcionarios públicos vuelven a estar en el centro del debate, en un clima de creciente escrutinio social y judicial.