Un médico prófugo y un enfermero preso por fraudes y venta de drogas opioides
• Prisión preventiva para un cardiólogo y un enfermero en Wheelwright, Santa Fe, por fraude millonario al PAMI y suministro ilegal de fentanilo y morfina. • Se investiga defraudación de $700 millones y uso de recetas falsas. #Justicia #Salud



La Justicia Federal de Venado Tuerto dictó prisión preventiva por 90 días para un cardiólogo y un enfermero de Wheelwright, Santa Fe, en el marco de una investigación por fraude millonario al PAMI y suministro ilegal de medicamentos controlados. La medida fue dispuesta tras una audiencia en la que los fiscales Martín Uriona, Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi imputaron a ambos profesionales por el suministro de estupefacientes fuera de los casos permitidos por la terapéutica y el ejercicio ilegal de la medicina.
La causa se originó a partir de auditorías internas del PAMI que detectaron graves inconsistencias en la facturación de prestaciones médicas, incluyendo consultas y estudios supuestamente realizados a miles de afiliados, muchos de los cuales desconocían haber sido atendidos. El cardiólogo investigado, que prestaba servicios en Acebal, habría facturado más de 50.000 prácticas médicas entre 2023 y 2025, por un monto total de $700 millones, de los cuales $580 millones ya fueron abonados por la obra social.
Durante los allanamientos realizados en Acebal y Wheelwright, la Policía Federal secuestró 243 ampollas usadas de fentanilo, 50 de morfina sin utilizar, material quirúrgico, documentación y dispositivos electrónicos. El hallazgo de estos opioides, cuyo uso está estrictamente regulado, agravó la situación judicial de los imputados, quienes también enfrentan cargos por el uso de recetas y sellos médicos adulterados.
El caso se inscribe en un contexto de controles más estrictos por parte del PAMI, que en 2026 dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por irregularidades similares. Las autoridades judiciales y del PAMI subrayan que las medidas adoptadas buscan proteger los recursos públicos y garantizar la continuidad de la atención a los afiliados.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avanza el análisis de la documentación y los medicamentos secuestrados. El caso pone en evidencia la necesidad de reforzar los controles en el sistema de salud y la distribución de medicamentos de alto riesgo.
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