La Cámara de Diputados de Santa Fe se encuentra en pleno debate sobre un proyecto de ley que busca sancionar la actividad de los cuidacoches, conocidos popularmente como "trapitos". En la antesala de la votación, representantes de la Pastoral Social de la Iglesia Católica de Rosario y Santa Fe, junto a organizaciones de derechos humanos, presentaron sus posturas ante los legisladores en una reunión conjunta de comisiones.

El documento entregado por la Pastoral Social sostiene que "la meta no puede ser perpetuar la informalidad, sino ofrecer una salida digna de ella". El arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, remarcó que "combatir el delito no puede implicar criminalizar la pobreza", y pidió que la respuesta estatal se oriente a la inclusión y no a la exclusión de quienes sobreviven en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Durante la exposición, se insistió en la importancia de distinguir entre quienes ejercen la actividad de manera voluntaria y pacífica para obtener un ingreso, y quienes recurren a amenazas o violencia. "La conducta delictiva debe ser sancionada con firmeza", afirmaron los representantes de la Iglesia, pero advirtieron que una prohibición generalizada podría afectar a personas que no cometen delitos y dependen de esta tarea para subsistir.

El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe también expresó su preocupación por lo que consideran prácticas discriminatorias y estigmatizantes hacia personas en situación de pobreza. Señalaron que "mediante disposiciones prohibitivas, expulsivas y sancionatorias se violentan reglas constitucionales básicas sobre los fines y alcances de la acción estatal punitiva".

Como alternativa, la Pastoral Social propuso avanzar hacia mecanismos de regulación, como registros oficiales, identificación de trabajadores y delimitación de zonas de actividad, acompañados de políticas públicas de inclusión, capacitación e inserción laboral. Además, reclamaron que cualquier medida restrictiva contemple una transición gradual para quienes dependen económicamente de esta actividad.

El debate legislativo se da en un contexto de creciente desempleo y precarización laboral, factores que han impulsado la expansión de la actividad de los cuidacoches en las ciudades argentinas. Las organizaciones sociales y religiosas insisten en que la solución debe abordar las causas estructurales de la pobreza y no limitarse a sancionar una manifestación de la exclusión social. La votación del proyecto está prevista para el jueves, y los legisladores continúan escuchando diversas voces antes de tomar una decisión.