El debate por la reforma previsional en Entre Ríos se intensifica mientras la Cámara de Senadores avanza en el análisis del proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial. La iniciativa, denominada “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, busca modificar aspectos clave del sistema jubilatorio con el objetivo de garantizar su sustentabilidad financiera a largo plazo.

Durante las últimas jornadas, representantes de los principales gremios estatales, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), la Asociación del Personal Legislativo (APLER), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), expusieron ante las comisiones legislativas su rechazo al proyecto. Los sindicatos argumentan que las medidas propuestas son regresivas y afectarían tanto a trabajadores activos como a jubilados, señalando que el déficit estructural de la Caja de Jubilaciones no es responsabilidad de los empleados públicos.

Oscar Muntes, secretario general de ATE, destacó que existen alternativas para garantizar la sustentabilidad del sistema sin afectar los ingresos de los trabajadores, como la creación de un fideicomiso específico. Por su parte, José María Segura, de AJER, advirtió sobre la posible inconstitucionalidad de la reforma y el riesgo de judicialización si se aprueba en los términos actuales. Desde AGMER, docentes mantienen acampes y protestas frente a la Casa de Gobierno en Paraná, denunciando la pérdida del poder adquisitivo y el impacto negativo que la reforma tendría especialmente sobre las mujeres del sector.

El oficialismo, encabezado por el senador Gustavo Vergara, sostiene que la reforma es indispensable para sanear el sistema y garantizar el pago de futuras prestaciones. Sin embargo, se comprometió a analizar las observaciones presentadas por los gremios antes de emitir el dictamen final. El debate continuará durante junio, con la participación de representantes municipales, profesionales y exautoridades de la Caja, y se prevé que la votación se realice a comienzos de julio.

El trasfondo del conflicto incluye la deuda que la Nación mantiene con la provincia por déficits previsionales y la necesidad de fortalecer el empleo formal para ampliar la base de aportantes. Mientras tanto, el clima social se mantiene tenso, con sindicatos defendiendo derechos adquiridos y el gobierno provincial buscando consensos para avanzar con la reforma.