La ciudad de Salta se encuentra conmocionada tras la muerte de Thiago Altamirano, un niño de dos años que falleció a raíz de graves lesiones internas, en un caso que la Justicia investiga como presunto maltrato infantil. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Convivencia, en la zona sudeste de la capital salteña, y derivó en la detención de la madre del menor, de 19 años, y su pareja, de 32.

Según informaron fuentes judiciales y médicas, la madre llevó al niño al hospital Papa Francisco el lunes por la noche, alegando inicialmente que las heridas se debían a una caída de la cama. Sin embargo, los informes médicos detectaron traumatismos previos y lesiones severas compatibles con reiterados episodios de violencia física, lo que motivó la intervención de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas y la posterior detención de ambos adultos.

Horas antes de ser aprehendida, la madre publicó en sus redes sociales mensajes de despedida dirigidos a su hijo, lo que sumó dramatismo al caso. "Perdoname amor por todo" y "Hasta siempre mi bebé, te amaré siempre mi Thiago hermoso", fueron algunos de los textos difundidos.

La familia paterna de Thiago denunció públicamente que desde 2025 venían alertando a las autoridades sobre situaciones de violencia y adicciones en el entorno materno, pero que sus reclamos no fueron atendidos. "La Justicia es culpable de que ahora él no esté", expresó Marta Salazar, abuela del niño, en declaraciones a medios locales. Los abuelos también señalaron que, pese a las denuncias, no pudieron ver a Thiago durante los últimos tres meses por restricciones judiciales.

El fiscal Daniel Espilocín, a cargo de la investigación, confirmó que se esperan los resultados de la autopsia para avanzar con la imputación formal. Mientras tanto, el hermano menor de Thiago, de apenas 9-10 meses, quedó bajo resguardo estatal en Casa Cuna, mientras la familia paterna solicita su restitución.

El caso puso en el centro del debate la actuación de los organismos de protección a la infancia y la efectividad de los protocolos de intervención ante denuncias de violencia familiar. Autoridades provinciales reconocieron la complejidad del caso y la existencia de denuncias cruzadas entre los progenitores, mientras la sociedad salteña exige justicia y una revisión profunda de los mecanismos de resguardo infantil.