La reciente decisión del municipio de Pilar de aumentar la Tasa de Protección Ambiental para supermercados generó una fuerte controversia en la provincia de Buenos Aires. La medida, que reemplaza el anterior monto fijo por una alícuota del 2% sobre el valor neto de cada venta, fue oficializada en la Ordenanza Fiscal 2026 y comenzará a regir desde el 1° de diciembre. El cambio implica que los supermercados deberán adaptar sus sistemas antes del 15 de diciembre, un plazo que las cadenas consideran insuficiente para cumplir con los requisitos técnicos y operativos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se manifestó enérgicamente en contra de la decisión, instando a los consumidores a no comprar en Pilar y acusando al intendente Federico Achával de actuar de manera irresponsable. "No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente", expresó Caputo en sus redes sociales, sumando críticas a la gestión local y destacando el comunicado de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que solicitó una audiencia urgente con el municipio.

Las cadenas de supermercados y las asociaciones del sector, como ASU y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), rechazaron la medida y advirtieron que el incremento se trasladará directamente a los precios finales, afectando a los consumidores y generando competencia desleal frente a otros rubros no alcanzados por la tasa. "El nuevo modelo se traslada de inmediato al consumidor", señalaron desde ASU, remarcando la ausencia de un mínimo no imponible y el impacto negativo sobre quienes realizan compras de bajo monto.

El municipio de Pilar, que ahora lidera el ranking de distritos bonaerenses con la tasa más alta para supermercados (6,5% sumando tasas), no respondió a los pedidos de audiencia de las cadenas. El sector supermercadista también alertó sobre complicaciones operativas y contradicciones con el Régimen de Transparencia Fiscal, ya que el recargo se suma en la línea de caja y puede generar confusión entre los compradores.

La polémica se enmarca en un contexto de tensiones políticas entre el gobierno nacional, que busca reducir impuestos, y los municipios que los aumentan para compensar restricciones presupuestarias. El debate sobre la presión fiscal y su impacto en los precios y la competitividad de las empresas continúa abierto, mientras los consumidores y comercios esperan definiciones sobre la aplicación de la nueva tasa en Pilar.