El Senado de Entre Ríos inició esta semana una ronda de exposiciones para analizar el proyecto de reforma previsional provincial, una iniciativa que ha generado un amplio debate político y sindical en la provincia. El proyecto, denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, fue impulsado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de abordar el creciente déficit del sistema jubilatorio y garantizar su sustentabilidad a largo plazo.

Las actividades se desarrollan en el marco de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que convocaron a funcionarios provinciales y representantes gremiales para presentar sus posturas ante los senadores. El cronograma de exposiciones comenzó el 10 de junio con la participación del presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, quienes detallaron los fundamentos técnicos y económicos de la propuesta. Según datos oficiales, el sistema cuenta con 66.222 beneficiarios y 120.592 aportantes, y enfrenta un déficit operativo de $135.601 millones en el primer trimestre de 2026.

El proyecto declara la emergencia económica y financiera del sistema previsional hasta diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga, y establece un aporte personal extraordinario para salarios superiores a $3.000.000, además de un incremento del 3% en los aportes patronales. También eleva la edad jubilatoria a 65 años (68 para nuevos aportantes) y exige 35 años de servicio, fijando el haber jubilatorio en el 82% del promedio de las últimas 240 remuneraciones.

Durante las jornadas, los principales gremios docentes, estatales y judiciales expusieron sus preocupaciones sobre la posible reducción de haberes y la delegación de facultades al Ejecutivo. La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y el diputado Carlos Damasco (LLA) manifestaron su rechazo al proyecto, advirtiendo sobre el impacto en los derechos adquiridos y en las finanzas municipales. Como alternativa, se propuso la creación de un Fondo de Sustentabilidad Previsional (Fisper) para reducir el déficit sin afectar los derechos de los trabajadores.

El debate continuará en las próximas semanas, en un contexto de fuerte tensión política e institucional, con el objetivo de alcanzar un consenso que permita garantizar la viabilidad del sistema previsional provincial y proteger los derechos de los actuales y futuros jubilados.