Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de frenar el decomiso de 19 bienes pertenecientes a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. Esta medida judicial representa la última instancia procesal para la defensa de la exmandataria, luego de que el Tribunal Oral Federal 2 y la Cámara Federal de Casación Penal ratificaran la ejecución patrimonial y el remate de propiedades por un monto superior a los 684.000 millones de pesos.

El recurso presentado por la defensa de Kirchner sostiene que los bienes en cuestión fueron adquiridos por sus progenitores a título oneroso y con fondos de origen lícito, y que no existe evidencia que los vincule directamente con los delitos investigados en la causa. "La sanción recae ya no sobre los instrumentos, el producto o el provecho del delito, sino sobre activos de origen lícito", argumentaron los abogados, quienes también remarcaron que ni Máximo ni Florencia Kirchner fueron condenados en el proceso judicial.

Por su parte, la Justicia validó el decomiso al considerar que los bienes fueron adquiridos durante el período en que se cometieron las maniobras de corrupción investigadas, y que el decomiso puede alcanzar activos transferidos a terceros o recibidos por herencia. La Cámara de Casación consolidó el criterio de que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso si han sido transferidos a personas no condenadas, siempre que hayan sido recibidos a título gratuito.

El decomiso incluye 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, además de terrenos en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz. La defensa de la ex presidenta insiste en que la medida afecta el derecho de propiedad y vulnera principios constitucionales como la presunción de inocencia y el debido proceso.

La Corte Suprema deberá ahora decidir si acepta el recurso de queja y revisa el alcance del decomiso dispuesto por las instancias judiciales anteriores. El fallo del máximo tribunal será determinante para el futuro de los bienes de la familia Kirchner y para el alcance de la sentencia en la causa Vialidad, que investiga un fraude estimado en más de 684.000 millones de pesos en la obra pública durante los años 2003 a 2015.