El Gobierno nacional oficializó una profunda reforma en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), permitiendo que talleres privados, concesionarios e importadores puedan realizar la inspección técnica obligatoria. La medida, reglamentada por la Resolución 32/2026, elimina la regulación nacional sobre los precios y flexibiliza los requisitos técnicos y de infraestructura para los nuevos prestadores, con el objetivo de fomentar la competencia y reducir los costos para los usuarios.

Según la nueva normativa, los talleres interesados deberán inscribirse en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, presentando una declaración jurada y cumpliendo con requisitos mínimos de equipamiento y personal técnico. La Secretaría de Transporte tendrá 30 días para revisar la documentación y, en caso de no haber objeciones, la inscripción será automática. Los controles y auditorías seguirán a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), aunque con menor especificidad en las penalidades.

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la tarifa regulada: el precio de la VTV será acordado libremente entre el usuario y el taller, lo que, según el Gobierno, generará competencia y presionará a la baja los costos. Además, la reforma establece que los autos 0 kilómetro deberán realizar la primera VTV a los cinco años de su patentamiento, luego cada dos años hasta los diez años de antigüedad, y anualmente después de ese período.

Sin embargo, la implementación de la reforma depende de la adhesión de las provincias, ya que la Argentina mantiene un esquema federal en materia de tránsito. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya anunció que no adoptará el nuevo sistema y mantendrá su régimen actual, argumentando que la apertura podría afectar la calidad de los controles y la cobertura territorial del servicio. "El sistema de la VTV en Buenos Aires es un modelo que funciona bien y es un servicio", afirmó Pablo Aguiar, representante de una planta oficial de VTV en Junín.

Desde el Gobierno nacional, en cambio, sostienen que la reforma busca terminar con un esquema cerrado de prestadores y que la seguridad vial no depende de monopolios. El debate político y técnico continúa, con posturas encontradas sobre el impacto de la desregulación en la seguridad vial y la eficiencia del sistema. Mientras tanto, la Ciudad de Buenos Aires debate una posible adaptación de su normativa local, y otras provincias analizan su adhesión o rechazo a la medida.

La reforma marca un cambio de paradigma en el sistema de revisiones técnicas del país, abriendo el mercado a nuevos actores y flexibilizando las condiciones de acceso, en un contexto de discusión sobre la seguridad vial y la competencia en el sector.