Leandro Ginóbili, presidente del Club Bahiense del Norte y hermano del exbasquetbolista Emanuel Ginóbili, fue imputado por la Justicia de Bahía Blanca en la causa que investiga el derrumbe de la estructura del club durante el temporal del 16 de diciembre de 2023. El colapso, ocurrido en medio de una exhibición de patín artístico, provocó la muerte de 13 personas y dejó decenas de heridos, marcando uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de la ciudad.

La imputación, realizada por el fiscal Cristian Aguilar, se fundamenta en la presunta omisión de Ginóbili de suspender el evento pese a la existencia de dos alertas meteorológicas de nivel naranja emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional y el municipio. Además, el club no contaba con habilitación municipal vigente, lo que contravenía las normativas locales para la realización de actividades masivas. "La conducta imprudente del imputado generó un peligro común que ocasionó la muerte de 13 personas, lesiones en otras y puso en riesgo la vida de todos los presentes", señala el dictamen fiscal.

Junto a Ginóbili, la investigación judicial también involucra a Laura Fabiana Soberón, exfuncionaria del área de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca, acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y al ingeniero Pablo Ascolani, responsable de informes técnicos favorables sobre la estructura del club en 2014 y 2016. Ambos deberán prestar declaración en las próximas semanas.

El temporal que azotó Bahía Blanca ese día incluyó ráfagas de viento de hasta 140 kilómetros por hora, causando daños generalizados en la ciudad: 14.000 árboles derribados, 150 escuelas afectadas, 10.000 viviendas dañadas y 350 personas evacuadas. El intendente Federico Susbielles describió la tormenta como "devastadora, con dolorosas consecuencias".

La causa judicial busca establecer si hubo negligencia en la organización del evento y omisiones en los controles municipales que podrían haber evitado la tragedia. El expediente reconstruye la secuencia de decisiones previas al colapso, incluyendo la falta de habilitación y la desatención de las alertas meteorológicas. El caso ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad institucional y la necesidad de reforzar los controles en eventos masivos, mientras la comunidad espera respuestas y justicia para las víctimas.